Mientras está totalmente decidido que Rafael Correa, que gobernara Ecuador entre 2007 y 2017, postulará a la vicepresidencia de su país en las elecciones previstas para el año entrante, la justicia boliviana por un empate en las votaciones, acaba de dejar en manos de un juez, el veredicto que definirá si Evo Morales, también jefe de Estado -entre 2006 y 2019-, podrá o no postular a una senaduría en el Congreso de su país, a pesar de no cumplir los requisitos de dos años mínimos de residencia al momento de la elección que será el próximo 18 de octubre, ni tener domicilio dentro del territorio de Bolivia.

Los dos exmandatarios de la izquierda latinoamericana, siempre apoyados por la maquinaria del Foro de Sao Paulo, saben que de ser elegidos, lo primero que van a conseguir es la preciada inmunidad o protección frente a la montaña de imputaciones judiciales que pesan sobre ellos. No es, entonces, que los anima una auténtica vocación patriótica con altruismo político. Nada de eso.

Saben que en las condiciones en que se encuentran, podrían en cualquier momento comparecer ante la justicia -Correa se encuentra en Bélgica y Evo en Argentina- por la activación de procesos de extradición como lo tienen muchos otros expresidentes de la región, entre los que se encuentra Alejandro Toledo con libertad provisional en EE.UU. por la circunstancia de la pandemia. 

En el caso de Correa postulará secundando a su acólito Andrés Arauz -que fuera ministro de Cultura durante su último gabinete- que se presentará a la presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana; y en cuanto a Morales, pues lo hará por el Movimiento al Socialismo - MAS, que él mismo creara como la base de la maquinaria política que le permitió gobernar Bolivia casi tres lustros y que, evidentemente, sigue controlando a su antojo.

Junto a sus inocultables pretensiones para escamotear a la justicia de sus países, ambos exgobernantes, buscarán poner en la primera línea de la política en la región y con animus de resurrección, a la izquierda sudamericana que fuera desplazada en los últimos años por menoscabar el desarrollo económico -Correa en Ecuador- y democrático -Evo en Bolivia-.