La presencia de Piero Corvetto al frente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con miras a la segunda vuelta prevista para junio próximo, resulta inaceptable desde donde se mire, pues lo que menos se necesita para lo que queda de estos comicios ya manchados de duda, es que sigan siendo conducidos por un personaje que no ofrece la menor garantía de que la voluntad popular se va a ver exactamente reflejada en los resultados oficiales.
Desde el día uno del papelón protagonizado por Corvetto y su institución, se hace necesaria la salida de este funcionario que está hace seis años en el cargo, siempre con un desempeño dudoso que no fue tomado en cuenta al momento de su ratificación por parte de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ), la que integraban los cuestionados Aldo Vásquez e Inés Tello. Lo padecimos en los comicios del 2021 y ahora también. El país ha vuelto a tropezar con la misma piedra, pese a las advertencias.
Se entiende que la normatividad vigente dificulta e incluso impide la salida de un jefe de la ONPE cuando se encuentra en curso un proceso electoral. La idea es no perturbar el desarrollo de los comicios con algún cambio de este tipo. Sin embargo, en este caso el problema está en el propio titular de la entidad encargada de velar por la idoneidad de las elecciones que deben dar al país autoridades cubiertas de legitimidad. La ley no puede estar escrita en piedra ante una situación tan crítica como la actual.
Tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha quedado claro que para Corvetto todo el problema suscitado por la demora y no llegada de material a cientos de mesas de sufragio en Lima Metropolitana, lo que impidió votar a miles de ciudadanos, no es más que un “error puntual”. Aparte, en ningún momento mostró la menor intención de dar un paso al costado pese a la denuncia penal que le ha puesto el mismísimo Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Si no es posible echar a Corvetto y este no tiene la dignidad de renunciar, al menos debería ser suspendido por la JNJ para que no tenga la menor participación en lo que queda del proceso ya de por sí enturbiado. Y con él, deberían irse todos los funcionarios que han estado detrás de esta situación escandalosa y lamentable, pues supuestamente con esta elección debíamos poner fin a diez años de inestabilidad política, algo que difícilmente se va a lograr si no contamos con autoridades legítimas salidas de un proceso adecuado.
