Una mujer afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), llegó a un hospital público en Puente Piedra con hemoglobina en 4 y hemorragia severa. Su condición no admitía demoras. Sin embargo, fue derivada al Hospital Cayetano Heredia, donde tampoco había sangre disponible. Solo tras gestionar ayuda externa logró ser atendida en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El desenlace abre la pregunta incómoda: ¿falló un hospital o falló el sistema?
En el Perú, la normativa no es ambigua: La “sangre” es un recurso estratégico y la atención en salud debe ser oportuna, más aún en una emergencia. Ningún establecimiento debería pasarle de taquito al paciente la carga de resolver la disponibilidad de sangre. Si un hospital no cuenta con banco propio o stock suficiente, está obligado a activar mecanismos internos y redes de referencia para garantizar la transfusión. La lógica es simple: en una urgencia, el paciente no puede “deambular” por el sistema; el sistema debe moverse por él.
El problema es que esta obligación legal convive con una realidad fragmentada. La red pública —MINSA, EsSalud y sanidades de FFAA— no siempre funciona como red. La coordinación interhospitalaria es débil, los tiempos de respuesta son inciertos y la reposición de sangre sigue siendo responsabilidad directa de la familia del paciente. Así, lo que debería ser un proceso clínico resuelto institucionalmente, termina convertido en una carrera contra el tiempo que recae sobre quienes menos pueden asumirla.
¿Dónde está la responsabilidad? Es compartida, pero no difusa. Los hospitales tienen responsabilidad directa en la activación de sus protocolos de emergencia, en la gestión de referencias y en la búsqueda de unidades de sangre dentro de su propia red. La autoridad sanitaria, por su parte, tiene la responsabilidad de asegurar un sistema articulado, con hemocentros operativos, logística eficiente y supervisión efectiva. Cuando ambas capas fallan, el resultado no es un trámite incompleto: ¡es la vida de un ser humano en riesgo! Este caso que comparto no es una anécdota aislada; es un síntoma grave. No basta con que la ley obligue a “tener” o “acceder” a un banco de sangre. Lo decisivo es que el sistema garantice la transfusión oportuna sin trasladar la carga al paciente. La pregunta no es si había sangre en un hospital específico, sino por qué la red no pudo proveerla a tiempo. Mientras esa brecha persista, la promesa de cobertura universal de salud seguirá siendo, para muchos, solo una declaración de buenas intenciones.
