El Perú atraviesa un momento particularmente delicado. Estamos en el tramo final de una transición política cuyo objetivo fundamental es llegar al 28 de julio con elecciones generales legítimas y un nuevo gobierno que cuente con la autoridad democrática necesaria para conducir el país en su etapa histórica más grave. Sin embargo, en lugar de proteger ese proceso, el Congreso parece empeñado en profundizar una práctica que se ha vuelto evidente: la intervención directa en la formación del gabinete ministerial. Varios grupos parlamentarios han participado en su formación, configurando una situación que compromete severamente la separación de poderes. El problema es mayor. Quienes influyen en la designación del gabinete son los mismos que, el 18 de este mes, deberán otorgar o no la investidura. El mecanismo constitucional de control político es una ficción. El Parlamento actúa simultáneamente como actor del Ejecutivo y como juez de sus propios designados. El resultado no contribuye a la mejor transición. Más aún cuando el tiempo que queda para culminarla es extremadamente corto. Corresponde actuar con mesura y responsabilidad histórica. El Congreso no debe utilizar estas cinco semanas para negociaciones de poder ni cuotas de influencia en el Ejecutivo que parece precario La única prioridad debe ser garantizar que el proceso de transición llegue a buen puerto. Si en estas semanas finales se imponen las componendas y las ambiciones, el Perú habrá desperdiciado una nueva oportunidad de superar su crisis política y de violencia criminal. Corresponde otorgar la investidura al gabinete, preservar la estabilidad institucional y permitir que el país llegue a las elecciones con un mínimo de normalidad democrática. La transición no debe convertirse en un campo de batalla político. Debe ser el puente que conduzca al Perú hacia una nueva legitimidad democrática. Que lo piensen bien.
