Como consecuencia de la pandemia del COVID-19, más de dos millones de personas perdieron su empleo y, dos años después, pese a que la economía se ha ido reactivando, no todos se han podido reinsertar al mercado laboral.
Así, según un reciente estudio de Apoyo, la informalidad laboral bordea el 78%, 5 puntos por encima de lo registrado antes de la pandemia, poniendo en situación de vulnerabilidad a millones de trabajadores que no tienen acceso a ningún tipo de beneficio.
En este contexto, la publicación del DS N° 001-2022-TR, que modifica y regula los servicios de tercerización, solo agrava la situación laboral. Ello, por cuanto afecta al 1.6% de la fuerza laboral, es decir, a más de 260 mil trabajadores que, en los próximos días, podrían verse perjudicados por este cambio en las reglas de juego; además del efecto adverso que ello tiene en la competitividad de nuestro país en sectores como minería, hidrocarburos, pesquería, telecomunicaciones, energía, entre otros.
Y es que la tercerización, si se analiza de una manera técnica (lo cual no ha ocurrido en este caso, ya que no fue discutida ni en el Consejo Nacional de Trabajo ni por la Comisión de Coordinación Viceministerial) es el mecanismo más productivo, eficiente y seguro para el desarrollo de actividades que, por su naturaleza o estacionalidad, requieren de servicios especializados.
Si lo que se busca es mejorar las condiciones laborales este no es el camino. Queda claro que ello no ha sido fruto de una reflexión sino de la búsqueda del aplauso fácil para aliviar en algo la alicaída popularidad presidencial. Así solo vamos de mal en peor.
