Por segundo día consecutivo, un sector importante de los transportistas de Lima y Callao ha paralizado sus labores, tomando una decisión desesperada en respuesta a la creciente extorsión de bandas criminales que, impunemente, asesinan a conductores y aterrorizan a trabajadores del transporte. Esta paralización ha afectado a la población de cinco distritos clave —Ancón, Puente Piedra, Los Olivos, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho—, donde millones de limeños se ven impedidos de llegar a sus centros de trabajo.
La respuesta gubernamental ante esta grave crisis de seguridad ha sido insuficiente y tardía. Ayer, la presidenta Dina Boluarte lanzó una advertencia a los criminales: “Les decimos que estamos respirando en la nuca, pronto daremos con ustedes”. Sin embargo, sus palabras parecen disonantes con la realidad que percibe la mayoría de peruanos, quienes señalan la inacción de su gobierno como una de las principales razones por las cuales la ola delictiva continúa creciendo en el país.
Boluarte intenta proyectar la imagen de un gobierno comprometido con la seguridad ciudadana, pero sus anuncios de un plan de acción todavía en fase de producción solo alimentan la sensación de incertidumbre. En tanto, las cifras de muertos y heridos por las extorsiones no dejan lugar a dudas: la violencia se ha intensificado, y las promesas gubernamentales se desmoronan ante una realidad cada vez más sombría.
