El 29 de mayo el Congreso aprobó, en primera votación, una reforma constitucional que elimina los movimientos regionales por 92 votos a favor, 25 en contra y 3 abstenciones.

Se introdujo esta modificación, de manera subrepticia, en plena votación del dictamen que  aprobó la reelección inmediata, por una vez, de alcaldes y gobernadores. Sin debate este Congreso aprobó la norma que elimina en forma inconstitucional la participación de los movimientos regionales.

Esta ofensiva no es nueva. El 21 de diciembre del 2018 se constituyó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida por Fernando Tuesta Soldevilla, reforma a implementarse en las elecciones del 2021.

Esta comisión propuso la eliminación de las listas a nivel provincial y distrital, así como restricciones a los movimientos regionales. Se entendía que se buscaba fortalecer los partidos políticos nacionales, perdedores habituales de las elecciones municipales y regionales en el país.

Porque somos un país diverso, necesitamos la participación política de partidos nacionales, movimientos regionales y vecinales en lo municipal, sin ignorar la característica unitaria del Estado.

La mayoría de un Congreso desprestigiado e ilegítimo ha votado por eliminar la participación política de los movimientos regionales, ha primado el cálculo mezquino de eliminar la competencia y ha violentado el derecho a la elección política ciudadana.

Los partidos políticos y los movimientos regionales deben tener las mismas exigencias para su inscripción, para superar la valla electoral para su permanencia así como la rendición de cuentas y de sus actos políticos, como corresponde a toda organización política que respeta a la ciudadanía y se respeta.