El Perú vive hoy las consecuencias de varias décadas en las que el Estado se ha limitado, en demasiadas ocasiones, a observar cómo las cosas ocurren. La falta de consecuencias frente al incumplimiento de las leyes —para ciudadanos, empresarios y autoridades de todos los tamaños— ha ido configurando un país donde la norma existe, y cuando la ley deja de tener efectos concretos, la sociedad se organizándose alrededor de la excepción.
Así, el Perú se ha vuelto un espacio caótico y caprichoso, donde cada actor cree —o siente— que puede hacer lo que quiera para resolver incluso la más esencial de las actividades humanas: ganarse la vida, prosperar y proteger a los suyos. En ausencia de orden público efectivo, cada uno improvisa su propia solución.
Nos hemos acostumbrado también a privatizar respuestas frente a problemas que deberían resolverse colectivamente. El ejemplo más visible está en nuestras ciudades: la proliferación de rejas, muros y controles improvisados como reacción frente al crimen. ¿Redujeron la delincuencia? No. ¿Fueron una política pública replicable y coherente? Tampoco. Fueron, simplemente, el reflejo de una sociedad que intenta defenderse sola ante la ausencia del Estado.
Esta lógica se ha extendido hacia ámbitos mucho más profundos de la vida económica. Bajo una interpretación distorsionada del liberalismo, se ha instalado una suerte de filosofía del “dejar hacer, dejar pasar”, donde la libertad económica se confunde con la renuncia del Estado a hacer cumplir las reglas. El resultado es visible. La ilegalidad se ha expandido como una mancha de aceite en casi todos los sectores: comercio informal, transporte desordenado, construcción irregular, captura institucional, minería ilegal y narcotráfico.
Ningún país puede prosperar cuando la ley se asoma tímidamente, como si de una sugerencia se tratase. Atento, Perú.
