Toda asociación humana, deberá someterse a una autoridad política legítimamente instituida con el propósito de conservar la normativa constitucional y legal. Todo ciudadano, en tanto intervenga en los asuntos de la ciudad y abrace fielmente los postulados de nuestro andamiaje jurídico-institucional, deberá observar y cumplir las disposiciones legales con la intención de construir una convivencia pacífica y sin graves alteraciones. Gaspar Melchor de Jovellanos, pensador ilustrado español, de grandes atributos y escritor de primer orden, decía en sus Escritos políticos y filosóficos, de fines del siglo XIX, que “todo hombre que nace en sociedad, sin duda que no nace enteramente libre, sino sujeto a alguna especie de autoridad, cuyos dictados debe obedecer; sin duda que no nace enteramente igual a todos sus conciudadanos; pues que, no pudiendo existir sociedad sin jerarquía, ni jerarquía sin orden gradual de distinción y superioridad, la desigualdad, no solo es necesaria, sino esencial a la sociedad civil. El axioma, pues, de que todos los hombres nacen libres e iguales, tomado en sentido absoluto, es un error”. Todos los miembros de la sociedad civil y de la sociedad política, deben cumplir las órdenes de sus superiores en la medida en que éstas no contradigan abiertamente las normas legales, ni violen abiertamente la dignidad sagrada de la persona humana, ni sean “leyes intrínsecamente injustas”, pues como decía santo Tomás de Aquino, “hay leyes que más parecen violencia que leyes”, y a esas leyes no corresponde obedecer. Una disposición que contradiga las disposiciones constitucionales o vulnere los derechos fundamentales, no debe ser cumplida, sino resistida y combatida.
