Las autoridades públicas que tienen la misión de luchar contra la agobiante delincuencia, saben muy bien que muchas extorsiones y órdenes para asesinatos y atracos se cometen desde el interior de los penales repartidos en todo el país. Sin embargo, desde hace más de una década no existe la voluntad política de recurrir debidamente a la tecnología para impedir que los reclusos sigan contando con líneas telefónicas y hasta internet para seguir afectando a los ciudadanos.
A inicios del presente siglo, cuando empezó el “boom” de las extorsiones especialmente en Trujillo, Chiclayo y Piura, quedó claro que la mayoría de esos delitos se cometían desde los penales de esas ciudades, y que era necesario colocar bloqueadores de señal. Algunos de estos equipos fueron instalados, pero donde los hay, los maleantes se las han ingeniado para sacarle la vuelta a la tecnología, quizá en alianza con la corrupción.
Hoy está modalidad está vivita y coleando incluso para cometer delitos en Lima, pero ya no solo se trata de extorsiones. En las últimas horas hemos sabido del secuestro de una joven a cuya familia los delincuentes llamaban a pedir el rescate de 50 mil soles desde el penal de Río Seco, en Piura. ¿Y los bloqueadores de señal? ¿Y los controles para evitar el ingreso de equipos telefónicos? Nada de eso existe a pesar desde hace años se delinque desde detrás las rejas. Para ningún policía o funcionario del INPE esto es novedad.
De existir la voluntad política de hacer frente a los delitos que todos los días se cometen desde las cárceles de Lima y provincias, hace tiempo se hubieran tomado acciones. Tecnología existe, dinero también. Lo que no hay son ganas de trabajar con eficiencia a pesar de que poniendo candado a las llamadas desde las cárceles, sin duda se reduciría el número de extorsiones y hasta secuestros que agobian a los ciudadanos.
Lamentablemente no hay lecciones aprendidas ante lo que se vivió y vive en la costa norte del país, y que ahora se ha trasladado a la capital, donde las extorsiones están a la orden del día, al igual que los disparos y la colocación de granadas amenazantes. La Policía Nacional parece desbordada ante las denuncias incluso de personas con visibilidad mediática. Si no hay voluntad política, muy pronto esto se va a salir de control.
