El presidente Martín Vizcarra ya ni se preocupa por ser sutil al momento de buscar el aplauso fácil de las tribunas hartas de los violadores y asesinos. Lo demuestra el hecho de afirmar que se evaluará la posibilidad de reimplantar la pena de muerte para estos indeseables, cuando el mandatario sabe, porque algún asesor jurídico debe tener cerca, que eso es un imposible por más que cada cierto tiempo los políticos demagogos salgan a ofrecer paredón o inyección letal.

Para empezar, con una Fiscalía y un Poder Judicial como los que padecemos, sería imposible. ¿Se imaginan a “los hermanitos” decidiendo la vida o la muerte de gente por más indeseable que sea? Qué garantía podría haber de que no se cometan excesos irreparables, si en el Perú tenemos magistrados que se venden por un almuerzo, unos “libritos” o un puesto de trabajo para el ahijado. ¿Los Walter Ríos y los Hinostrozas que queden por ahí van a dar esos fallos?

Además, si hoy es posible mandar a la cárcel por tres años a una persona sin que haya sido ni siquiera denunciada ante el Poder Judicial, imaginemos lo que podría suceder si se aplica la pena capital sin el rigor necesario. Además, debemos ser respetuosos de los tratados internacionales que hemos suscrito. Por último, el paredón no es disuasivo. ¿O alguien cree que el adolescente que mató a la niña Camila iba a dejar de hacerlo si había la posibilidad de fusilarlo?

Ni siquiera en los años 80 y 90, cuando la violencia terrorista llegaba a sus extremos más salvajes, fue posible modificar la Constitución a fin de eliminar a senderistas y emerretistas, al menos a Abimael Guzmán y Víctor Polay. Hoy pensar en eso sería mucho más difícil, pues a nivel mundial la tendencia es ir suprimiendo la aplicación de la pena capital, por más que haya muchos que la merezcan.

Por todo eso, es necesario pedirle al presidente Vizcarra más mesura y responsabilidad. Debería controlar ese afán trágico que tiene por ser popular. No todo son las encuestas y el aplauso en los viajes a provincias. Eso de ofrecer un debate sobre la pena de muerte debería dejárselo a los políticos inimputables, a los candidatos al Congreso, y a Virgilio Acuña y a los “antauros”. Un mandatario debería estar por encima de todo eso.

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