Vivimos en un estado de derecho. Nuestra Constitución garantiza derechos fundamentales y limita la acción del Estado sobre los ciudadanos. Así tenemos derecho a la libertad de expresión y a protestar contra el gobierno, sea este nacional, regional o local. De igual modo, tenemos derecho a la huelga, a reunirnos en plazas y calles para expresarnos y que se escuche nuestra voz. Sin embargo, a lo que no tenemos derecho, es a atropellar los derechos de los demás o infringir la ley.
Bloquear carreteras, incendiar establecimientos públicos y privados, disparar armas hechizas contra nuestra Policía Nacional o atacar comisarias con cartuchos de dinamita, no constituyen parte del legítimo derecho a protestar.
Cuando hechos como los narrados ocurren de manera premeditada y coordinada, la Constitución confiere al gobierno nacional medidas de excepción para proteger a sus ciudadanos, establecimientos públicos y privados, carreteras, aeropuertos y activos estratégicos. El declarar el estado de emergencia es una herramienta constitucional, diseñada para salvaguardar la seguridad de las personas e infraestructura del país frente a una arremetida violenta, premeditada y coordinada. El objetivo de una medida extrema, temporal y excepcional como esta, es restablecer la paz social que todos nos merecemos.
Producto de las protestas ciudadanas, desatadas con la destitución de Castillo tras su efímero golpe de Estado y de la asonada subversiva coordinada y camuflada detrás de estas, se han producido 23 lamentables muertes, todas aparentemente por impacto de arma de fuego. La izquierda radical, azuzadora de la violencia, no ha dejado pasar la oportunidad para denunciar a las fuerzas del orden de actuar con brutalidad y sin apego a ley. Sin embargo, también está documentado que las fuerzas del orden fueron atacadas con armas de fuego hechizas, bombas molotov, cartuchos de dinamita y objetos contundentes.
Entonces, el uso de armas de reglamento por parte de las fuerzas del orden es perfectamente legítimo como respuesta a un ataque que pone en peligro la vida de un efectivo de la ley. Ahora, se tendrá que analizar cada caso individualmente y ver si se actuó de acuerdo a los protocolos y la ley, pero no podemos permitir que se estigmatice y arrincone a nuestros militares y policías que, una vez más, salieron a devolverle la paz al Perú, ejerciendo el derecho a defenderse y a defendernos.
