Esta semana se dio a conocer el estudio de la Unión Industrial Argentina, en el cual queda demostrado que la presión tributaria del sector formal peruano supera el 44% y ocupa el quinto lugar en el mundo entre los países que soportan cargas impositivas excesivas. Ello, derriba, sin dudas, el mito que muchos quisieron instalar respecto a que las empresas formales no pagan tributos.
A modo de ejemplo, según un estudio reciente de EY, el sector pesquero entrega al estado más del 45% de su rentabilidad operativa, cifra similar a la del sector minero. Esta cifra tan elevada obedece a que el sector pesquero no sólo está sujeto al pago de los tributos regulares (IR, IGV, ISC), sino que además soporta una serie de sobrecargas; como los pagos por supervisión y fiscalización; aportes al sistema previsional de S/ 3.92 por TM de pescado e incluso derechos de pesca; los cuales, como advertimos hace algunos años, fueron incrementados en más del 70%, sin mayor sustento.
Es importante recordar que los derechos de pesca fueron establecidos en la Ley General de Pesca con la finalidad que el Ministerio de la Producción los destine “para fines de investigación científica, tecnológica y capacitación” y constituyen un pago como retribución que realiza el administrado por acceder al recurso (anchoveta, jurel, caballa, pota, etc.).
Así las cosas, de acuerdo a esta ley específica, los derechos de pesca no pueden ser destinados a financiar las cuentas del Tesoro Público como se pretende hoy en día; toda vez que convertiría al derecho de pesca en un Impuesto, lo cual es inconstitucional a todas luces.
Por otro lado, esta medida ilegal atentaría contra el adecuado manejo de los recursos, ya que no existirían los medios necesarios para realizar los estudios e investigaciones científicas tendientes a mantener el aprovechamiento sostenible de los recursos. Te conozco bacalao aunque vengas disfrazado.
