La campaña electoral ha decidido coquetear peligrosamente con la impunidad. No es un desliz aislado: más de un candidato presidencial ha prometido indultar a Pedro Castillo, condenado por conspiración y rebelión tras el intento de quiebre constitucional del 2022. La ligereza con la que se lanza esta promesa no solo revela oportunismo, sino algo más preocupante: un desprecio abierto por las reglas básicas de la democracia.
El indulto, en este contexto, deja de ser una herramienta excepcional para convertirse en moneda electoral. Se ofrece como quien reparte volantes, ignorando que detrás hay una sentencia, un proceso judicial y un intento concreto de dinamitar el orden constitucional.
Pero si algo ha terminado de desnudar el desconcierto institucional es el giro de José Domingo Pérez. El mismo fiscal que durante años encarnó —para muchos— la defensa del estado de derecho, hoy aparece como abogado del propio Castillo. La imagen no puede ser más elocuente: quien debía perseguir la corrupción ahora defiende a un expresidente salpicado por ella y responsable de un intento de ruptura democrática.
Calificar a Castillo como “preso político” es una declaración que subvierte los hechos, relativiza el golpe y banaliza la legalidad.
