La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional vuelve a poner a prueba la responsabilidad del Senado. Hoy, el Pleno debatirá el reglamento que establecerá los criterios para seleccionar a los próximos integrantes del máximo intérprete de la Constitución. La discusión llega después de una sesión de la Comisión de Constitución marcada por interrupciones, cuestionamientos y enfrentamientos verbales entre parlamentarios.
La preocupación no radica en que existan discrepancias, algo natural en una democracia, sino en que las disputas terminen desplazando el objetivo principal: garantizar una elección transparente, meritocrática y confiable.
El Tribunal Constitucional cumple una función decisiva en la defensa de la Constitución y en la resolución de controversias sobre los límites del poder. Por eso, la selección de sus magistrados no puede convertirse en una extensión de las rivalidades partidarias ni en una negociación de cuotas políticas. Quienes aspiren a integrar este organismo deben acreditar solvencia jurídica, trayectoria profesional, independencia e integridad. No basta con reunir títulos o experiencia; también es indispensable demostrar capacidad para resolver controversias con autonomía, incluso cuando sus decisiones incomoden a quienes participaron en su elección.
El debate del Pleno debería concentrarse en perfeccionar las reglas y responder las observaciones con argumentos, no con descalificaciones.
