El gobierno debe poner mucha atención a la tensión y violencia que, en medio de la emergencia sanitaria, se vive en la sierra sur a causa del conflicto entre la población de Espinar y la minera Antapaccay, a la que se exige un “bono” de mil soles para cada ciudadano, que tendría que salir de un fondo destinado a hacer obras para toda la comunidad.
Para hoy se ha anunciado el envío de una comisión del Poder Ejecutivo a fin de acercar a las partes y tratar este serio problema. La comisionada para el Diálogo y Desarrollo en el Corredor Vial Sur, Paola Bustamante, está haciendo lo suyo.
Sin embargo, es necesario que, desde el más alto nivel del gobierno, comenzando por el presidente Martín Vizcarra y el premier Pedro Cateriano, se atienda esta situación que podría ser una bomba de tiempo.
Lo que es inaceptable es que se produzcan actos de violencia y toma de vías como ha sucedido en días pasados. Tenemos leyes que deben ser aplicadas en caso haya ataques e impedimento al libre tránsito.
Bienvenido el diálogo en Espinar, pero sin violencia. En ese caso, el Estado, a través de la Policía Nacional, está en la obligación de acatar la ley.
