La educación técnica está presente en la agenda pública nacional y forma parte no solo de uno de los pilares más importantes del “Pacto por la educación de calidad desde el sector privado” que, bajo el impulso de IPAE, concentra a más de 33 gremios, asociaciones empresariales, educativas y sociales privadas de todo el país sino también forma parte del “Pacto social por la educación” promovido recientemente por el Ministerio de Educación. Impulsar esfuerzos conjuntos que nos acerquen al entendimiento de la importancia que reviste la formación laboral y los desafíos que revisten las carreras técnicas en el país, es una tarea de todos, pero también lo es el focalizar las becas y créditos educativos que otorga el Estado a favor de los jóvenes egresados de la secundaria hacia este propósito esencial.
Recientemente, el gobierno anunció el otorgamiento de más de 20 mil becas a través del PRONABEC y ello ha animado a muchos congresistas a reinventar su creatividad, proponiendo diversos proyectos de ley, uno de los cuales pretende fijar porcentajes de distribución de las becas de estudio otorgadas por la entidad estatal de manera tal que se favorezca en 80% a universidades “públicas” (que curiosamente ya gozan de financiamiento estatal y cuyos servicios son “gratuitos”) y 20% a universidades privadas, pretendiendo convertir las becas en un sistema de financiamiento de la “oferta” y no de la “demanda” de los beneficiarios. Es importante recordar que la universidad pública recibe más de 7 mil millones de soles del presupuesto nacional, atiende apenas al 24% de los estudiantes de dicho nivel (el resto elige el servicio privado) y posee escasa capacidad para aumentar su nivel de cobertura por no tener espacio ni infraestructura adecuada. Además, sería bueno resaltar que, por cada beca con la que se financiaría una carrera universitaria, el Estado podría beneficiar a casi 2,5 estudiantes del nivel superior técnico e incluso a 5 o más estudiantes de la modalidad técnico-productiva, generando un mayor espectro de calificación laboral a favor de miles de jóvenes hoy desamparados o “ninis” (que no estudian ni trabajan) y contribuyendo con cerrar la brecha de mano de obra calificada que requiere el Perú.
