El caso Keiko y la tiranía judicial

Resulta toda una decepción que el juez Víctor Zúñiga Urday hayadejado pasar la brillante oportunidad de detener los excesos del excéntrico fiscal José Domingo Pérez con la nueva prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Los 15 meses establecidos constituyen una de las violaciones más graves a la institucionalidad jurídica del país y el daño, hasta que la JNJ no limpie el sistema, puede tardar años y ser enorme. En los casos que competen al fujimorismo siempre es más fácil quedarse callado, silbar, mirar a otro lado y opinar sobre la multiplicidad de temas que emergen de las oscuridades de un país en crisis permanentes, pero lo políticamente correcto no es lo que persigo. En busca de un país mejor, no se puede tolerar que la persecución política sea un arma judicial y que un fallo abusivo envíe a la cárcel a una persona sin sentencia. El juez Zúñiga, por razones incomprensibles, ha obviado sobre las prisiones preventivas el fallo del TC, un pleno casatorio de la Corte Suprema y las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pocos juristas independientes, como Carlos Caro Coria, se la han jugado para expresar su opinión contra la irracional medida y un despreocupado establishment aplaude -por odio- el atropello o calla por conveniencia. Sin razones de fuga a la vista y una endeble justificación de obstrucción a la justicia, la segunda instancia debería, con urgencia, corregir la arbitrariedad, ¿las arbitrariedades?, y trazar la línea entre la necesaria lucha contra la corrupción y la insostenible tiranía judicial que la JNJ debe derrocar.