Imagine que compra un producto en oferta, presenta su comprobante de pago, pero le exigen dejar una garantía porque alguien considera que debió costar más. Peor todavía: esa garantía equivale al doble de los impuestos que supuestamente faltaría pagar. Algo parecido podría ocurrir con el nuevo Procedimiento Especial de Control del Valor (PECV), creado mediante el Decreto Legislativo 1721 y cuya implementación prepara la Sunat. El objetivo declarado es combatir la subvaluación de importaciones. Hasta ahí, de acuerdo. El problema está en cómo pretende hacerlo. Si la Aduana cuestiona el valor declarado de una mercancía, el importador podría verse obligado a pagar los impuestos adicionales estimados o presentar una garantía equivalente al 200% de estos para retirarla. Y la investigación podría extenderse hasta dos años. ¿El resultado? Mayores costos financieros, recursos inmovilizados e incertidumbre para empresas que todavía no han sido encontradas responsables de irregularidad alguna. Lo más preocupante es que ya existe un procedimiento de duda razonable para verificar el valor de las importaciones. ¿Por qué añadir otro mecanismo con exigencias más gravosas? Combatir el fraude aduanero es indispensable. Pero también lo es facilitar el comercio, promover la competencia y reducir sobrecostos que terminan afectando a empresas y consumidores. La Sunat debería fortalecer sus controles existentes, utilizando información, tecnología y fiscalización basada en riesgos, en lugar de multiplicar cargas sobre quienes importan formalmente. La eficiencia de una aduana no se mide por cuánto dificulta importar, sino por su capacidad para detectar el fraude sin castigar al que cumple.



