El control migratorio en nuestras fronteras se ha convertido, con razón, en una de las prioridades del Gobierno. Ayer, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que los extranjeros en situación irregular “ya no tienen espacio” en territorio peruano y anunció una intensificación de operativos en distintas regiones, especialmente en seis provincias y 28 distritos fronterizos. Se trata de una declaración contundente que, sin embargo, debe traducirse en políticas coherentes, sostenidas y efectivas.
El país no puede permitirse que estas afirmaciones queden solo en el terreno de los deseos o de los anuncios mediáticos. El desafío migratorio exige un plan integral que fortalezca la gestión fronteriza, articule a la Policía, Migraciones y las Fuerzas Armadas, y permita frenar el ingreso irregular que, en los últimos años, ha contribuido a tensar la seguridad ciudadana y a saturar servicios básicos en varias regiones.
La preocupación ha llegado, incluso, al discurso electoral. Muchos candidatos han convertido la migración irregular en el eje de sus campañas, apelando a frases efectistas como “cerrar fronteras” para impedir la entrada de delincuentes. Aunque la ciudadanía demande orden y seguridad, la política migratoria no puede reducirse a slogans. Se requieren diagnósticos serios y medidas que respeten la dignidad humana sin renunciar al principio de autoridad.
El Perú atraviesa una crisis que necesita ser contenida antes de que escale hasta convertirse en un problema de dimensiones mayores.
