Quienes proponen transitar hacia un parlamentarismo en el Perú suelen omitir una distinción institucional crítica: la división de funciones entre el jefe de Estado (presidente) y el jefe de gobierno (primer ministro), ambos elegidos en procedimientos distintos y sostenidos por una legitimidad diferente. En un parlamentarismo, el presidente personifica a la nación y comanda las Fuerzas Armadas, pero cumple un papel eminentemente protocolar. La dirección política y el nombramiento del gabinete recaen exclusivamente en el primer ministro, quien emana de una mayoría parlamentaria.
La idea de un parlamentarismo parte de comprender la no intervención del jefe de Estado en la política doméstica; en ese sentido, en el Perú colisionará frontalmente con nuestra cultura política más acostumbrada al protagonismo presidencial. Un presidente de la República que no gravite en la toma de decisiones sería percibido por la ciudadanía como una figura decorativa, irrelevante y prescindible, generando una crisis de legitimidad social. La figura del primer ministro, en cambio, solo sería viable con un sistema de partidos consolidado, siendo lo ideal un bipartidismo que es dónde el parlamentarismo funciona (Reino Unido y Estados Unidos); recordemos que la actual fragmentación partidaria en los parlamentarismos alemán y español ha complicado su nombramiento y pronta investidura.
El problema no está en la Constitución sino en la ley. Los problemas políticos que arrastramos desde julio de 2016 no surgen de nuestra forma de gobierno sino del multipartidismo fragmentado. No es el régimen presidencial, sino la ausencia de mayorías parlamentarias sólidas y la precariedad de las normas electorales y de los partidos políticos.
