En nuestro país, la crisis política rara vez tiene responsables claros. El último proceso electoral no es la excepción. La actuación del exjefe de la ONPE Piero Corvetto permanece en una zona gris que resulta cada vez más insostenible.
No son simples errores administrativos. Es un proceso que dejó dudas razonables en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones ya era alarmante. Y la respuesta ha sido la misma de siempre silencio, evasivas y una falta de autocrítica.
El problema no es solo técnico, es político. La ONPE no opera en el vacío. Su desempeño impacta directamente en la legitimidad del poder, en la estabilidad del gobierno de turno y en la credibilidad del sistema democrático. El costo lo paga todo el país y actores políticos de uno y otro lado aprovechan el vacío. Desde sectores que denuncian fraude hasta autoridades que desestiman cualquier cuestionamiento sin mayor explicación, el resultado es el mismo más polarización, menos confianza.
En este escenario, el exjefe de la ONPE no puede pretender ser un espectador. Su rol fue central, y su responsabilidad también lo es. No basta con esperar lo que diga la Contraloría General de la República o el Ministerio Público. La rendición de cuentas no debería ser una obligación forzada por investigaciones, sino un principio básico de honestidad.
Se vuelve a fallar como el 2021, ni explicaciones claras, ni reconocimiento de errores, ni voluntad de asumir costos políticos. Solo un vacío que alimenta teorías, sospechas y, sobre todo, el descrédito y una imagen del Perú por los suelos. Si la democracia peruana quiere sostenerse, necesita algo que hoy escasea, responsables que den la cara. Y hasta ahora, eso brilla por su ausencia.
