La reciente decisión del Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, de desactivar los equipos especiales del Ministerio Público, sigue generado reacciones de todo tipo en el ámbito político, jurídico y ciudadano. Como ocurre con toda medida de alto impacto institucional, es legítimo que existan discrepancias y cuestionamientos. Sin embargo, en un Estado de derecho resulta indispensable partir del respeto a la institucionalidad y a las atribuciones que la ley confiere a cada autoridad.
La medida adoptada marca, para muchos, el cierre de una etapa caracterizada por serias controversias. Es innegable que algunos de estos equipos fueron objeto de críticas por el uso de la justicia con fines políticos y por una gestión que, en determinados casos, se apartó de los principios de imparcialidad y celeridad que deben regir la labor fiscal. El caso Lava Jato es ilustrativo: los avances más concretos se produjeron a partir de acuerdos de colaboración eficaz y de pruebas contundentes de sobornos, pero los procesos se prolongaron durante años y terminaron dejando una sensación de impunidad, especialmente cuando directivos de Odebrecht evitaron sanciones proporcionales a la magnitud de los delitos cometidos.
El fiscal Gálvez ha actuado con determinación y sin vacilaciones. Corresponderá ahora al tiempo y a los resultados demostrar si esta decisión contribuye a una justicia más eficiente, independiente y creíble. Lo fundamental es que el Ministerio Público salga fortalecido y se mantenga lejos de intereses políticos.
