Se están normalizando las acciones y dichos de algunas instituciones, autoridades y ciudadanos, reñidos contra toda lógica y razón. La palabra narrativa, verdaderamente queda corta y resulta decorativa, para las infamias que se pretenden soslayar y normalizar. No es posible que un alcalde pida perdón de rodillas por conversar con autoridades del gobierno nacional, porque a su pueblo no le gustó que se reúna con dichas autoridades. Infamia de Amnistía Internacional cuando desliza racismo en las acciones de nuestras fuerzas del orden, para controlar los actos violentos y terroristas, como la toma simultanea de cinco aeropuertos del interior del país. De acuerdo a este informe, “el racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”.

Otra infamia, es que el Instituto de Defensa Legal y APRODEH, entre otras, denuncien penalmente a ministros y altos mandos policiales, por tratar de imponer el orden en las acciones violentas en Andahuaylas. No tienen vergüenza de construir la imagen de nuestro país como un Estado racista y genocida con el “fin altruista” de cobrar el mes de sus “mecenas” internacionales.

Respecto del golpe de Estado visto por todo el país, realizado por el  encarcelado Castillo, algunos congresistas fieles a las “ventajas del poder” señalan sin rubor que Castillo fue víctima de un golpe de Estado, o fue indebidamente vacado. Como si no fuera suficiente, los radicales insisten en asamblea constituyente. La reforma de la Constitución es expresión del poder constituido y de un poder limitado jurídicamente, a diferencia de un poder constituyente que representa soberanía y un poder político sin mayores limitaciones jurídicas, equivalente a refundar las reglas de juego que organizan un país. Con la realidad descrita, sería un suicidio acceder a una constituyente. El mundo al revés.

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