Muy lamentable el debut en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de la legisladora Graciela Chipana, sí, de Juntos por el Perú (JPP), quien leyendo un papel seguramente escrito por uno de sus asesores pagados por todos los peruanos, acusó, como quien lanza disparos al aire, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de ser parte de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la mineria ilegal, la trata de personas, la extorsión, el sicariato y otros graves delitos.
Incluso señaló que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, presente en la sesión de la Cámara Baja, “tiene a las Fuerzas Armadas y a una policía subordinada al crimen organizado”. También dijo que “Los Pulpos” y “La Jauría” “estarían dentro de las fuerzas del orden y la estructura del Estado”, lo que generó el rechazo de diputados fujimoristas como Cecilia Chacón, Arturo Alegría y Jaime Abenzur, mientras la presidente del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, también de JPP, dejaba hablar a Chipana.
Nadie niega que en las Fuerzar Armadas y la Policía Nacional haya malos elementos coludidos con la criminalidad. Los medios lo solemos reportar. Quien niegue eso tendría que vivir fuera de la realidad. Sin embargo, si la diputada Chipana, representante de Moquegua, tiene evidencias de su gravísima acusación, que dé los nombres los responsables individuales y haga formalmente la denuncia respectiva contra quienes están, según dice, ensuciando el uniforme de la patria.
Las responsabilidades son personales y no de las instituciones, por lo que resulta inaceptable que esta legisladora de un partido que ha llevado al Congreso a gente vinculada a bandas terroristas, es cercano a un criminal como Antauro Humala y es el brazo político de la minería ilegal que genera extorsión y sicariato como vemos en La Libertad, venga a lanzar acusaciones sin el menor sustento, nada menos que en la Cámara de Diputados.
Si la diputada Chipana cree que a la Comisión de Constitución se puede ir a lanzar gritos y absurdos como si estuviera en una asamblea de Juntos por el Perú presidida por Roberto Sánchez, donde se hacen loas a hechos de sangre como el “Andahuaylazo”, está muy equivocada. En el Congreso se actúa con responsabilidad y con evidencias en la mano. Si la señora tiene pruebas contra militares y policías delincuentes, que las muestre, pues todos apoyaremos que se hagan las investigaciones respectivas. Si no es así, que se mantenga callada.
