Hay algo profundamente revelador —y preocupante— en que un país tenga que esperar más de un mes para conocer los resultados finales de una elección presidencial. La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, Yessica Clavijo, ha señalado que recién a mediados de mayo se sabrá quiénes disputarán la segunda vuelta. Es decir, el Perú entra en una suerte de limbo democrático donde el tiempo no calma, sino que exacerba. Porque cuando la incertidumbre se alarga, deja de ser un problema técnico para convertirse en una crisis política de primer orden.
La pregunta ya no es solo por la demora, sino por la capacidad del sistema para responder con transparencia y eficiencia. Y cuando esa respuesta no llega, lo que crece no es la paciencia ciudadana, sino la sospecha. La línea entre la incompetencia y algo más grave empieza a desdibujarse peligrosamente.
Aquí hay una responsabilidad institucional que no puede eludirse. La Oficina Nacional de Procesos Electorales no puede permitirse el lujo de fallar nuevamente en un momento clave para nuestro país.
Todo indica que no queda otra que seguir esperando los resultados finales. Cualquier salida apuntando a nuevas elecciones cambiaría todo el panorama político. Ya lo dijo el líder aprista Jorge del Castillo: “Si hay nuevas elecciones, todos los rojos se juntan y ganan”. La fujimorista Martha Chávez no se quedó atrás. “Parecen no advertir que con ‘nuevas elecciones’ el rojerío (desembozado y el maquillado), sin duda ya favorecido por las irregularidades, tendrá oportunidad, mediante componendas...para futuro reparto del aparato estatal”, expresó.
