En los últimos días, el gobierno y sus satélites usaron el slogan “el Perú no puede parar” para desmerecer la protesta acatada por distintos gremios en contra de la ola de criminalidad, pero estas palabras no pueden ocultar la realidad: el país ya está paralizado por el incremento de la delincuencia común y la criminalidad organizada.
De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Lima y la Confederación Nacional De Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) que recoge Puntoedu, las pérdidas económicas causadas por el delito de extorsión suman más de S/6 mil millones; mientras que, anualmente, la inseguridad ciudadana le cuesta al país el 3.5% del PBI, es decir S/35 mil millones.
A esto se suma que el tándem Legislativo - Ejecutivo viene afectando la institucionalidad aprobando y promulgando leyes que solo los benefician en este momento, pero que seguirán vigentes cuando estos dejen el poder y que dejarán a millones de peruanos y peruanas a merced de cualquiera que logre ser gobierno en los próximos años.
La crispación es tal en todo el país que estas normas con nombre propio solo abonan a que un candidato antidemocrático, que enarbole una serie de banderas, logrará hacerse del poder y terminará por destruir la poca institucionalidad que nos quedará al finalizar este periodo.
Estamos viendo a los ojos el inicio de una tormenta perfecta y aún estamos a tiempo de evitarla. La pregunta es ¿se podrá?
