Mientras el presidente José Jerí busca un milagro en El Vaticano, la política peruana vuelve a moverse al ritmo de los cálculos electorales. A solo dos meses de las elecciones generales, Alianza para el Progreso y Podemos sumaron sus firmas con la intención de convocar a un Pleno Extraordinario que evaluaría la censura o vacancia del Jefe de Estado. El Congreso, una vez más, se convierte en el escenario donde se dirime la estabilidad del poder, pero también donde se reflejan las presiones de una opinión pública cada vez más impaciente.
La iniciativa cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de legisladores, con la notable excepción de Fuerza Popular y Somos Perú, que hasta ahora se resisten a sumarse. Sin embargo, el margen político para mantener esa posición se reduce día a día. En un contexto de desaprobación creciente, en medio de un escándalo tras otro y con un presidente en caída libre en todas las encuestas, muchos ven que seguir sosteniendo al régimen de José Jerí no es una apuesta segura, sino un riesgo electoral de alto costo.
El respaldo, explícito o tácito, a un gobierno sin legitimidad social se traduce en un pasivo político difícil de explicar ante los electores. Las excusas técnicas, los llamados a la gobernabilidad o los pactos de conveniencia ya no resultan convincentes para una ciudadanía que percibe un Ejecutivo desconectado de sus problemas y un Congreso que, en demasiadas ocasiones, ha preferido la comodidad y los intereses propios. Esto recién empieza.
