En el Perú de los últimos años, el Congreso ha dejado de ser un actor secundario para convertirse en el verdadero eje del poder. Presidentes caen, pero el Parlamento permanece, decide, bloquea y define el rumbo del país. Por eso no es exagerado afirmar que, el próximo 12 de abril, la elección más importante no será la presidencial, sino la legislativa. El problema es que seguimos votando por el Congreso como si fuera un trámite menor, casi un acto reflejo, cuando en realidad estamos eligiendo a quienes tendrán el timón del Estado.
No es ningún secreto que el poder político en el Perú se ha desnaturalizado. Incapaz de construir consensos o liderazgos sólidos desde el Ejecutivo, el sistema terminó trasladando el centro de gravedad al Parlamento. Hoy, un puñado de congresistas puede paralizar reformas, desarmar instituciones o imponer agendas particulares sin mayor costo político. Frente a esta realidad, el voto para diputados y senadores debería ser quirúrgico, no emocional; reflexivo, no resignado.
El problema es que la oferta electoral raya en el absurdo. Más de 250 candidatos con sentencias penales por peculado, estafa, hurto e incluso homicidio aspiran a una curul. A ello se suman cientos con denuncias y procesos abiertos por diversos delitos, incluidos los más graves, como la violación sexual. No estamos ante casos aislados ni errores del sistema: estamos frente a una normalización del prontuario como mérito político.
Que personas que han delinquido busquen legislar no es solo un escándalo moral, es un riesgo institucional. El Congreso no puede convertirse en un refugio de impunidad ni en una fábrica de leyes a la medida de quienes le temen a la justicia.
