El capítulo XII de la Constitución Politica señala claramente que el rol principal de las FF.AA. es garantizar la soberanía e intereses nacionales, y que para ello debe contar con un adecuado nivel de disuasión militar, sin perjuicio de la voluntad de paz en la región, la solución pacífica de controversias y medidas de confianza mutua. En concreto, todo gobierno debe garantizar al ciudadano que posee unas FF.AA. con capacidad de negar a otras potencias de posibilidad de violar la soberanía e integridad nacional.
El último impulso por construir una adecuada disuasión estratégica en las FF.AA. peruanas fue en el último tercio del siglo pasado y gracias a la tenencia de plataformas de alto valor militar adquiridas en la década de los 70 y 80, en algún momento tuvimos la más moderna Fuerza Aérea de combate, la mejor fuerza de fragatas y submarinos, sumadas a la mejor fuerza blindada y artillera de la región.
Como podrá deducir el lector el activo de plataformas militares: aviones de combate, radares, sistemas de defensa aérea principalmente, tanques, fragatas, corbetas, submarinos, etc. son hoy de escaso valor militar, con un promedio de 35 años de antigüedad. Están en severa obsolescencia tecnológica, lo cual peligrosamente nos coloca en un grado de indefensión en caso de un conflicto externo.
Sin embargo, en forma inexplicable, desde el año 2000, los gobiernos de turno, políticos, académicos, ONG etc. vienen afirmando cándidamente que el rol de las FFAA son los llamados “nuevos roles”, que en realidad son “viejos roles” que desde mucho tiempo atrás las FF.AA. vienen cumpliendo con el país para el apoyo durante situaciones de emergencias como son sismos, el fenómeno El Niño, lluvias, inundaciones, entre otros. En la práctica, pregonan una negación fáctica sobre la posibilidad de un conflicto externo en contraposición a lo que señala la Constitución.
Es entendible que, desde una visión de subsistencia presupuestal, las FF.AA. prioricen los “nuevos roles”, por cuanto es más fácil conseguir recursos que pasar por todo el entramado complejo del Ejecutivo y Legislativo para poder reemplazar las obsoletas plataformas de alto valor militar.
En esta paradoja, la reposición de obsoletos activos militares de alto valor, como la adquisición de sistemas de radares para el control de espacio aéreo, el reemplazo de los aviones de combate Mirage 2000, MIG -29, SU-25, fragatas misileras, submarinos, fuerzas blindadas entre otros, para recuperar la disuasión estratégica, ven cada vez más lejana sus posibilidades.
En consecuencia, siendo la defensa nacional una política pública, se requiere debatir políticamente sobre la dimensión de FF.AA. que queremos tener en el siglo
XXI. Para ello un plan estratégico de carácter vinculante, con rango de ley para la reposición y mejoras de capacidades militares de las FF.AA. de largo plazo, resulta
impostergable y debiera ser parte del debate del nuevo Congreso que se instalará en el 2020.
Esta ley de reposición de plataformas de alto valor militar y mejora de capacidades, considerando lo oneroso de las inversiones, deberá asignar recursos gradualmente para reponer las plataformas obsoletas en un horizonte por definir y mejorar los sistemas de adquisiciones de las FF.AA. por parte de la Agencia de Compras adscrita al Ministerio de Defensa, e incorporar simultáneamente programas de compensaciones industriales offset directos e indirectos.
