La política peruana parece atrapada en un círculo vicioso del que no logra —o no quiere— salir. Veintitrés candidatos que aspiran a conducir los destinos del país están hoy en la mira del Jurado Electoral por presuntas falsedades y omisiones en sus hojas de vida. No hablamos de errores tipográficos ni de descuidos menores, sino de información sensible vinculada a bienes y participación en empresas. Transparencia ofrecida en campaña, sombras en los hechos.
Diez de los observados postulan a la Presidencia y trece a las vicepresidencias. Es decir, potenciales ocupantes del más alto despacho de la República empiezan la carrera bajo sospecha. ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando quienes piden el voto no cumplen con el requisito mínimo de declarar con veracidad su patrimonio e intereses?
Entre los casos que han generado mayor atención figura Alfonso López Chau, candidato presidencial de Ahora Nación, quien no habría consignado su participación en el centro médico “Gestión y Salud SAC”. Resulta particularmente contradictorio que alguien que intenta presentarse como alternativa frente a la política tradicional incurra en prácticas que evocan justamente aquello que dice combatir. La renovación no puede ser solo estética ni discursiva; debe ser ética.
Más allá de los nombres propios, lo preocupante es el patrón. La omisión patrimonial no es un detalle administrativo: es una señal. Si en la etapa más vigilada —la campaña— ya se relativiza la verdad, ¿qué puede esperarse en el ejercicio del poder, donde los controles suelen diluirse y las tentaciones aumentan?
