Vivimos avances significativos y situaciones preocupantes en el difícil camino de la meritocracia magisterial. Por ello vienen a mi memoria hechos sobre la implementación de la Carrera Publica Magisterial (CPM). Surgió el 2001 ante la necesidad de dejar la Ley del Profesorado que no promovía la calidad de los maestros. Es una política de Estado desde el 2007 hasta la actualidad.
Con la primera Ley de la CPM (Ley 29062) -entre el 2008 y 2011- de una meta de 80 mil, aproximadamente el 70% accedió a los 5 niveles con aumentos sustantivos. Sin embargo, coexistían dos regímenes escalafonarios: uno de la Ley del Profesorado en extinción progresiva, y el otro el de la nueva Ley de la CPM. Esto generó dificultades. Y trajo consigo que el 2012 se diera la Ley de La Reforma Magisterial (Ley N°29944) que modificó el escalafón de 5 niveles a 8 escalas.
Con esta nueva Ley -actualmente vigente- todos los profesores pasaron al nuevo escalafón. Hoy el 68% son nombrados y un alto porcentaje ha sido ascendidos. Es más, este año hay 250 mil que postulan mediante evaluaciones a 50 mil plazas presupuestadas (Pruebas clasificatorias son el 30 de agosto y 1 de setiembre). Y está en marcha un concurso para ascensos con cerca de 80 mil inscritos.
El Minedu y el Ejecutivo, en buena hora, han observado el Proyecto de Ley de “nombramiento -sin evaluaciones- de alrededor de 80 mil docentes que serían los desaprobados en las evaluaciones anteriores. “Ahora le corresponde al Congreso no aprobarlo por insistencia, pues de lo contrario estaríamos transitando a la destrucción de la meritocracia magisteria, y discriminando (coincido con el SUTEP y el CNE) alrededor de 200 mil docentes que accedieron a la carrera por evaluaciones de méritos.
