Miguel Ángel Rodríguez Mackay juramentó como el cuarto ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Castillo el último 5 de agosto, sorpresivamente para muchos.
Dos medidas de política exterior definen claramente al nuevo ministro. Primero, la ruptura de relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui Democrática, a contrapelo de la Resolución 1514 de la ONU y del restablecimiento firmado por nuestro país desde el 8 de setiembre del 2021, dentro de los principios y propósitos de la Carta de la ONU y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La segunda medida es la declaración sobre el Acuerdo de Escazú, señalando que no debe ratificarse sino mandarse al archivo.
El Acuerdo de Escazú se firmó el 27 de septiembre del 2018, en Costa Rica, para avanzar en la protección del medio ambiente, en América Latina y el Caribe, faltando la ratificación congresal del Perú.
Por este acuerdo los países se obligan a dar información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, a sus ciudadanos, y fortalecer nuestra legislación en favor de la defensa de nuestros recursos naturales, como nuestra amazonia, fortaleciendo el compromiso internacional de proteger el medio ambiente mundial, para evitar una catástrofe si seguimos destruyéndolo.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso decidió no ratificar la firma de este Acuerdo en el 2020 y, recientemente, julio del 2022 pese a la opinión favorable de la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, 10 ministerios.
El presidente, de acuerdo a la Constitución, “dirige la política exterior y las relaciones internacionales”. Por ello debe explicar al país este notorio cambio de rumbo en la política exterior del Perú, colocándonos como furgón de cola de la de Estados Unidos.
