La reciente decisión del Poder Judicial de dictar 18 meses de prisión preventiva a Andrés Hurtado marca el inicio de una larga travesía en la búsqueda de la verdad sobre las relaciones poco transparentes entre el popular conductor de televisión y figuras del ámbito judicial, empresarial y político del Perú. Este caso, que ya ha provocado la suspensión de la magistrada Paola Valdivia y la fiscal Elizabeth Peralta, promete desvelar un entramado de influencias que podría implicar a personajes clave en la vida pública del país.
El futuro de este proceso depende en gran medida de la capacidad de Hurtado, conocido como “Chibolín”, para esclarecer los hechos y romper con el manto de secretismo que ha rodeado su relación con jueces, fiscales y políticos. En un momento donde su “superior forma de existencia” parece haber colapsado, las palabras ya no son suficientes para mantener su influencia en la coyuntura nacional. Lo que le resta es hablar con la verdad y destapar todo lo que sabe, incluso sobre políticos como Keiko Fujimori, quien ha sido mencionada en una conversación grabada a la fiscal Peralta.
Este es un momento crucial para el sistema de justicia peruano, que se enfrenta a la ardua tarea de demostrar que está a la altura de las expectativas ciudadanas. Los peruanos, que han visto una y otra vez cómo la corrupción corroe las instituciones del Estado, necesitan recuperar la confianza en aquellas entidades encargadas de proteger la legalidad y el orden.
