Los 69 establecimientos carcelarios a nivel nacional, administrados por ocho oficinas regionales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tienen espacio para 41 764. Pero, en realidad, albergan a 107 126 internos, lo que conlleva a un hacinamiento pernicioso que reduce la efectividad del control en estos locales de reflexión y castigo. Con estas cifras de terror podemos darnos cuenta que el problema no es solo el espacio, sino la falta de sentencias.
Según las cifras del INPE, entre enero y agosto del presente año, 1668 inquilinos llegaron por delitos de extorsión y uso de armas. No obstante, 1624 de ellos aún no contaban con una sentencia condenatoria. Entonces, no se trata de mencionar solo a las cárceles como la madre del cordero, sino a otros entes que integran el sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía.
Un detalle no menor es que la mayor cantidad de reos en cárcel está envuelta en delitos contra el patrimonio (30 974) y contra la libertad sexual (24 205). Miren, estos suman 55 179 de la población carcelaria (107 126). Pero, no todos conocen su castigo, sino que, aproximadamente, un 30 % está siendo procesado. Lo peor es que están mezclados con quienes cometieron delitos como extorsión y sicariato. Cabe la pregunta: ¿qué se está haciendo para acelerar los juicios?
Estos datos que sustentan un informe periodístico de La República revelan que no solo se trata de una carencia en la infraestructura carcelaria, sino que el tren se descarrila en los otros vagones de la justicia. Y ese tema ya no solo le compete al Gobierno, por lo que se debería reactivar el grupo de trabajo que involucra al resto de autoridades que velan por el cumplimiento de las leyes.
