Es común y legal que en el Congreso se muevan los intereses institucionales, algo que ocurre todos los días con las llamadas coordinaciones parlamentarias. Los ministerios y las entidades públicas más importantes cuentan con sus gestores registrados en el Legislativo, quienes acuden a cabildear con las bancadas promoviendo -o alertando- los proyectos de ley. Sin embargo, lo que no se debe permitir es que se negocien procesos penales, en una especie de mercado persa.
En este caso, los intereses de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, en el Parlamento no eran institucionales, sino personalísimos. Su asesor principal Jaime Villanueva, quien tampoco era coordinador parlamentario, no velaba por el buen funcionamiento administrativo del Ministerio Público, sino por la permanencia de quien ostenta el máximo cargo, a la sazón su jefa.
Lo mismo hizo la exfiscal de la nación Zoraida Ávalos para evitar una sanción política en el Congreso, un propósito que no logró. Y también lo hacen aquellos gestores de intereses cuyo ministro atraviesa un proceso de interpelación o censura. Sin duda, en los pasillos del hemiciclo se gestan todo tipo de intereses, naturalmente, legales. El problema es qué -y quién lo propone- se ofrece a cambio de salir airoso.
El papel de Benavides no es hacer política externa, sino garantizar los buenos oficios de una institución tan importante para el país como es el Ministerio Público, un ente que debe ser absolutamente independiente. Por el contrario, lo que hacían los investigados era adherirse a una mayoría en el Congreso, depender de los legisladores corruptos e hipotecar su autonomía para quedarse en el puesto.
