A raíz de los recientes hechos vinculados al denominado financiamiento público indirecto mediante la franja electoral, resulta indispensable que los organismos electorales, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fortalezcan sus niveles de coordinación para evitar situaciones como la ocurrida con el partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte. Dicha organización, sin contar con candidaturas admitidas para las próximas EG 2026, habría financiado propaganda política con recursos públicos en una emisora radial y televisiva de Ucayali.
Para prevenir estos casos, deberían implementarse alertas tempranas sobre el avance de los procesos de calificación ante los JEE y el propio JNE, sin interferir en su función jurisdiccional. Ello permitiría frenar procesos de contratación cuando la propaganda resulte innecesaria por no existir fórmulas regionales ni listas de candidatos en competencia.
Las ERM 2026 serán las primeras elecciones subnacionales con franja electoral, lo que exige mayores niveles de vigilancia. Hemos observado indicios de una posible concertación entre partidos políticos y determinados medios de comunicación para beneficiarse de recursos públicos. La eventual pérdida de inscripción por no superar la valla electoral no puede justificar el uso indebido del dinero de todos los peruanos. Corresponde, por tanto, a todos los organismos electorales actuar con mayor coordinación y cautela para salvaguardar adecuadamente estos fondos.
