A casi un mes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se mantiene la incertidumbre y el caos. Y lo peor es que se han escuchado voces pidiendo a los militares un golpe de Estado. Creen que estos tienen la solución para arreglar la grave situación política por la que atraviesa el país.
Sería ingenuo y hasta cómplice suponer que todas las acusaciones contra el JNE y la ONPE son falsas y que todos los acusados son unos angelitos. Pero la última palabra al respecto la tiene la ley. Saltarse ese camino es abrir la puerta a la arbitrariedad, a la justicia por mano propia y, en última instancia, a la barbarie que tanto decimos rechazar.
Los que llaman a un “Golpe de Estado democrático” están tan desubicados que unen dos palabras opuestas e irreconciliables en una frase. Es una típica reacción extremista que humilla la razón y la inteligencia. Cualquier golpe de Estado destruye la democracia.
Es la evidencia de un pensamiento que ha renunciado a la coherencia en nombre de la desesperación. Porque no hay atajo autoritario que conduzca a la democracia; todo golpe, por definición, la dinamita.
La democracia, con todas sus frustraciones, exige algo más difícil que la imposición: exige convivir con el desacuerdo. Implica aceptar que el otro puede pensar distinto sin convertirse en enemigo. Romper ese pacto básico no solo erosiona la institucionalidad, sino que también instala una inseguridad jurídica que ahuyenta inversiones, paraliza decisiones y posterga, una vez más, el esquivo desarrollo económico que tanto se invoca en campaña y tan poco se construye en la práctica.
Hoy, lo que está en juego no es únicamente el resultado de una elección, sino la vigencia misma de un sistema que costó recuperar.
