La Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, anteriormente suspendida sin argumentación sólida. Y lo hizo rápida y oportunamente para impedir que retornara el 6 de junio a su cargo. Esta cereza del pastel confirma el proceso autodestructivo y acelerado que ha dejado de lado la constitucionalidad, la ley y las garantías de justicia.
Estamos ante una sucesión de abusos e interferencias de las instituciones que imparten justicia, desde la Junta Nacional de Justicia que se esmera en ganar cuestionamientos por su irrespeto al debido proceso y su voluntad de imponerse sobre el Ministerio Publico, el Poder Judicial y hasta sobre el Parlamento.
Cree que puede subordinar jueces y fiscales y pasar por encima del control político y de las atribuciones y decisiones de la asamblea nacional que constitucionalmente es el primer poder del Estado por su legitimidad de origen. El golpe progresivo radica en los excesos y abusos del poder y en la voluntad de hacer caer a Dina Boluarte consagrando el irrespeto a la institución presidencial cuyo titular tiene inmunidad durante su mandato, la misma que no significa impunidad. No existe la presunción de inocencia, tampoco el respeto a la libertad, ni la garantía de que la prisión solo se decide por sentencia del juez, después de la actuación de pruebas.
La moda es prisiones preventivas y hasta preliminares, para quebrar investigados que ni siquiera son imputados, que pierden su libertad por perversas y gratuitas decisiones. La ilegalidad y la arbitrariedad amenazan toda autoridad, fiscal, juez o abogado que disienta. El estado fallido está cada vez más cerca y con ello los logros de una sociedad que quiere bienestar y desarrollo con límites éticos y jurídicos. Bien denuncia Anibal Quiroga que se está desmantelando el sistema constitucional. Gravísimo.
