En el Perú, la justicia tiene dos “velocidades”: Una, vertiginosa, casi quirúrgica, capaz de resolver en cuestión de meses procesos muy complejos, cuando los reflectores políticos la alumbran; La otra, lenta hasta la exasperación, que condena a miles de ciudadanos de a pie a esperar por años para obtener una sentencia que, en no pocos casos, llega demasiado tarde o simplemente nunca llega.

La reciente condena por “difamación” contra el presidente del Congreso, evidencia esta preocupante asimetría. Más allá de los méritos o deméritos del caso en sí, lo que resulta imposible ignorar es la inusual celeridad con la que el Poder Judicial ha tramitado y resuelto el proceso por difamación agravada. En un sistema colapsado por la carga procesal, donde expedientes duermen el sueño de los justos en anaqueles y las audiencias se reprograman indefinidamente, ¿cómo se explica que un caso de esta naturaleza avance a un ritmo que parece la excepción y no la regla? La respuesta no es sencilla, pero sí inquietante. Cuando la justicia actúa con rapidez “selectiva” en asuntos políticamente sensibles, se abre la puerta a la sospecha. Y en democracia, la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma. La justicia politizada, no parece ser justicia.

Además, el caso plantea un debate constitucional de fondo: ¿hasta qué punto puede un congresista en funciones ser sancionado por opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo? La Constitución reconoce inmunidades precisamente para proteger la libertad de expresión parlamentaria, evitando que el poder político sea silenciado por la vía judicial. Si este principio se relativiza, el precedente puede ser muy peligroso.

Mientras tanto, el ciudadano común sigue atrapado en un laberinto judicial donde la justicia tarda y, por tanto, no es justicia. Familias que esperan sentencias por alimentos, víctimas que aguardan también reparación por difamación agravada, trabajadores que litigan años por derechos básicos. Para ellos no hay urgencia, ni prioridad, ni titulares. Y el problema no es que la justicia sea rápida en algunos casos; ¡¡el problema es que no lo sea en todos!!

La equidad no solo se mide por el contenido de las sentencias, sino también por los tiempos en que estas se producen. Si la justicia quiere recuperar legitimidad y confianza ante la sociedad, debería empezar por mirarse al espejo y preguntarse: ¿por qué corre cuando no debería… y por qué duerme en el sopor de la espera cuando más se le necesita?