Siete de cada diez trabajadores en el Perú son informales. Llevamos décadas lamentándolo, creando regímenes especiales, aprobando estrategias y aumentando la fiscalización. Los resultados, sin embargo, siguen siendo pobres. Quizás sea momento de mirar el problema desde otro ángulo: ¿qué tan viable resulta ser formal?
La productividad laboral peruana alcanzó los US$ 30,212 por trabajador en 2025 en términos reales y se ubicó en el puesto 24 de 31 economías de América Latina y el Caribe. Producimos poco y, al mismo tiempo, contratar formalmente sigue siendo caro y complejo. La combinación es particularmente nociva para las Mype. Una empresa puede pagar mejores salarios y asumir beneficios laborales en la medida que cada trabajador genere suficiente valor para financiarlos.
Si la productividad es baja y añadimos elevados costos de contratación, trámites, rigideces y un sistema tributario que incluso puede desincentivar el crecimiento, no debería sorprendernos que muchas empresas permanezcan pequeñas o informales. No se trata de recortar derechos. Se trata de conseguir que más trabajadores puedan acceder a ellos.
Fiscalizar es necesario, pero fiscalizar una realidad económicamente inviable difícilmente la transformará. Por eso, resultan positivas las iniciativas anunciadas por el Gobierno para simplificar los regímenes tributarios y promover una nueva formalidad. Las facultades legislativas representan una oportunidad para ir más allá. Durante demasiado tiempo, por temor, desidia o inoperancia, evitamos reformas laborales y de formalización que el país necesita. Es momento de abordarlas con seriedad: hacer que contratar y ser formal sea más simple, menos oneroso y, sobre todo, viable.
