El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco remitió a la Fiscalía de Prevención del Delito del Ministerio Público la documentación contenida en el Expediente n.° 2026044963, relacionada con la presunta publicidad engañosa atribuida a diversos excandidatos que, pese a haber sido excluidos definitivamente del proceso electoral, como el caso de Jesús Giles continuarían promocionándose ante la ciudadanía.
La remisión fue formalizada el viernes 18 de septiembre de 2026, mediante el Oficio n.° 001981-2026, dirigido a la fiscal titular de dicho despacho, Rocío Castro Martínez.
A través de la Resolución n.° 01563-2026-JEE-HNCO/JNE, emitida en la misma fecha, el órgano electoral señaló que los hechos materia de análisis no solo corresponden al ámbito electoral de su competencia, sino que, por su naturaleza y finalidad preventiva, ameritarían la intervención del Ministerio Público.
SUGIERE ACCIONES
En ese sentido, el JEE solicitó a la Fiscalía evaluar la adopción de las medidas que correspondan, de acuerdo con las atribuciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento de Función de Prevención del Delito.
Como sustento de la remisión, el organismo electoral entregó documentación que incluye las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que determinaron, en segunda y última instancia, la exclusión de determinados postulantes; las resoluciones que declararon improcedentes los recursos de queja interpuestos por la organización política Perú Primero; así como informes recientes de fiscalización en los que se da cuenta de que algunos excandidatos continuarían realizando actividades de propaganda pese a su exclusión.
Entre los nombres mencionados en la documentación figura Jesús “Koko” Giles Alipázaga. Con la remisión del expediente, el JEE Huánuco busca que la Fiscalía de Prevención del Delito evalúe la adopción de acciones preventivas, entre ellas exhortaciones y advertencias dirigidas a las organizaciones políticas y a los excandidatos involucrados, a fin de que cesen las conductas observadas.
El órgano electoral precisó que, de persistir el incumplimiento de las disposiciones y dependiendo de la naturaleza de los hechos que se acrediten, podrían derivarse responsabilidades en otras instancias competentes. La determinación de eventuales responsabilidades penales corresponderá al Ministerio Público y, de ser el caso, al Poder Judicial, conforme al debido proceso.
