Este 7 de junio elegiremos al nuevo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, dos perspectivas diferentes de cómo y para quiénes gobernar.
El país enfrenta una grave crisis institucional con un Estado percibido ausente e incapaz de enfrentar la desigualdad monetaria y concretar la esperanza de una mejor calidad de vida para la mayoría.
Escuchamos ofertas de Fujimori rayando en el cinismo: orden y seguridad cuando aprobó las leyes “procrimen”, 5000 colegios repotenciados cuando aprobó exoneraciones tributarias a grandes empresas, sin olvidar el abuso del poder.
La propuesta de Sánchez parte de los derechos humanos, económicos y sociales para la población: justicia para las víctimas del 2022 y 2023, ampliar la presencia del Estado prestando servicios sociales básicos y, sobre todo, señala cómo lograr los ingresos necesarios para hacerlo, reafirma la posibilidad de reconstruir la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes y la participación ciudadana para debatir y elaborar una nueva Constitución.
No es opción colocarnos de espaldas o respaldar el voto viciado. Nuestro voto es crítico y, por la conformación del Senado, se requiere lograr un amplio respaldo a la candidatura de JP para frenar los intentos desestabilizadores a los que será sometido de perder Fujimori.
No entregamos cheque en blanco. Exigimos cambios en la articulación y producción industrial generando empleos de calidad, mejor redistribución de la riqueza, creándola, y requerimos ciudadanía organizada ante retos tan amplios.
Se trata de construir un Perú con justicia y democracia, sin calco ni copia, como enseñaba José Carlos Mariátegui.
