La iniciativa de la congresista Sigrid Bazán para obligar a que todo concierto de artistas extranjeros incluya músicos teloneros nacionales es una intromisión del Estado en el mercado. No solo impone condiciones a promotores, artistas y organizadores de espectáculos, sino también al consumidor, que paga una entrada para ver a un artista internacional y que terminaría asumiendo un mayor costo por una decisión política ajena a su preferencia. Pero el problema va más allá del precio. El mensaje implícito hacia los músicos nacionales es preocupante: “no tienes la capacidad de atraer público por ti mismo, por eso el Estado te garantiza no menos de 30 minutos antes de un show internacional”. ¿Así se promueve una industria cultural? Claramente no. La imposición no favorece al artista; lo vuelve dependiente y lo coloca en una vitrina artificial, no ganada por mérito. La promoción de la música nacional pasa por otro lado: mejores condiciones para crear, formarse y competir. Educación artística de calidad, espacios de difusión, reglas claras, acceso a financiamiento, seguridad para ejercer la actividad cultural y protección frente a problemas reales, como las extorsiones que hoy denuncian músicos peruanos. Eso sí es política pública útil. Así como defendemos libertades económicas, debemos también defender libertades culturales. La música no se desarrolla por decreto ni por cupos obligatorios. Se desarrolla cuando el talento puede competir en igualdad de condiciones y cuando el público decide libremente qué escuchar. Este tipo de propuestas responden más a una visión ideológica anclada en el pasado que a una comprensión real de cómo promover las industrias creativas.
