La política administra y resuelve conflictos. Quien resuelve con eficacia, es aquel que conoce profundamente cómo opera internamente el problema, y quien está dotado de una inteligencia superior, pues logra ver y penetrar en la raíz del problema, en la naturaleza más íntima del conflicto. En estos sombríos días, a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, se intensifica el conflicto económico y social por el aumento del combustible. El Gobierno, con el propósito de aliviar las tensiones sociales, suprimir cualquier intento de desestabilización y –como dice Solón, uno de los siete sabios de Grecia, en su poema Eunomia– “eliminar los brotes de un progresivo desastre”, propone una medida temporal que consiste en la distribución focalizada de subsidios, ante el aumento del precio del combustible. Otra medida, mucho más polémica y conflictiva, sería reducir significativamente el impuesto selectivo al consumo (ISC) –que grava la venta de combustibles– o, si queremos ahondar aún más en la polémica, sería eliminar de manera definitiva dicho impuesto. Teóricamente, la aplicación del selectivo al consumo tiene como misión específica desincentivar el consumo de dicho producto por las externalidades negativas. Pero, ¡aquí la realidad se impone! Los transportistas y demás particulares seguirán usando los combustibles que están gravados con el ISC. Esto ya lo había visto con especial claridad Víctor Andrés Belaúnde, en 1917, cuando discutía sobre “el Congreso antialcohólico”, que había aumentado el impuesto al alcohol para “desincentivar su consumo”. Sabemos que los burócratas no se preocupan por la moral y las externalidades negativas, sino por recaudar más impuestos.
