La pesca industrial es una actividad formal, altamente regulada en nuestro país y uno de los actores claves de la economía nacional por la generación de empleos y divisas; contribuye a garantizar la seguridad alimentaria en el Perú y del mundo gracias a que se desarrolla en cumplimiento de altos estándares internacionales de sostenibilidad y conservación de los recursos.
Sin embargo, en los últimos días, la incautación de embarcaciones industriales por la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, ha llamado poderosamente la atención; toda vez que se utiliza, por lo general, para combatir las actividades ilícitas realizadas por la criminalidad organizada: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, lavado de activos, minería ilegal y otras con capacidad de generar dinero, bienes o ganancias de origen ilícito.
Esta medida se viene aplicando de manera desproporcionada a las actividades formales, que operan con bienes obtenidos legítimamente y fiscalizados exhaustivamente por la autoridad competente. Tal es el caso del sector pesquero industrial, que se encuentra en grave riesgo debido a las incautaciones realizadas, las cuales vienen generando una seria crisis a las empresas formales.
Por ello, la actual interpretación de la Ley de Extinción de Dominio por parte de las autoridades, ha sobrepasado su objetivo original y está afectando seriamente la sostenibilidad de las actividades económicas formales.
Urge que las autoridades revisen y adapten las normas de extinción de dominio, garantizando que no se utilicen de manera arbitraria o desproporcionada en contra de la empresa privada que tanto esfuerzo despliega para salir adelante, cuya naturaleza no se aplica en esta norma, toda vez que debe enfocarse en combatir efectivamente el crimen organizado, sin impactar a quienes operan legalmente.
