Una propuesta económica que comparten partidos como Renovación Popular y agrupaciones de izquierda radical —entre ellas Venceremos, Perú Libre y Podemos— es exigir mayor valor agregado a las exportaciones de materias primas. Se plantea que la biomasa marina se destine a conservas o acuicultura y que los minerales se exporten progresivamente como metal refinado. El objetivo —industrializar el país y capturar mayor valor dentro del territorio nacional— puede resultar legítimo. El problema surge cuando se asume que la estructura productiva puede transformarse mediante mandato administrativo y, peor aún, mediante plazos fijados por ley.

La premisa es equivocada: el valor agregado no depende únicamente de la etapa en que se exporta un bien, sino de factores como productividad, escala, energía competitiva, logística eficiente, capital humano especializado y estabilidad regulatoria. Cuando estas condiciones no existen, forzar procesos industriales suele producir el efecto contrario al buscado: menor inversión, menor producción y pérdida de competitividad.

En pesca, la propuesta desconoce la heterogeneidad del sector y las dinámicas biológicas y comerciales de la biomasa marina. Obligar su redirección hacia conservas o acuicultura podría generar sobrecapacidad industrial y mayores costos operativos. Además, la acuicultura exige años de inversión, permisos ambientales e infraestructura especializada; no puede desarrollarse por simple disposición normativa.

En minería, el desafío es aún mayor. Refinar minerales implica inversiones multimillonarias, acceso a energía abundante y exigentes estándares ambientales. Los países que concentran la refinación global lo hacen gracias a ventajas estructurales, no por imposición regulatoria. Obligar el refinado local sin esas condiciones podría encarecer la producción y volver inviables proyectos que hoy generan empleo, canon y divisas.

Más allá de los sectores específicos, el principal riesgo es la señal que se envía a los inversionistas. Redefinir las reglas productivas mediante obligaciones introduce incertidumbre en industrias cuyos proyectos se planifican a décadas. La evidencia económica muestra que la industrialización sostenible ocurre cuando procesar localmente es rentable, no cuando es obligatorio.

El Perú necesita diversificar su economía y avanzar hacia una mayor sofisticación productiva. Pero ello exige mejorar infraestructura, energía competitiva, capital humano y seguridad jurídica. Industrializar no significa restringir exportaciones primarias, sino crear las condiciones para que nuevas etapas productivas emerjan de manera natural y competitiva.

Intentar acelerar ese proceso por decreto puede terminar reduciendo precisamente aquello que se busca ampliar: inversión, empleo formal y crecimiento sostenible.