En Davos, durante el Foro Económico Mundial “Colaboración para la era Inteligente”, la presidenta Dina Boluarte aseguró que el Perú “ha recuperado su tranquilidad política, económica y social” y que“somos el Gobierno que más tiempo está durando desde el 2016”.

El 2019 el índice de homicidios cometidos en el Perú era 3.5 por cada 100,000 habitantes, para fines de 2024 fue más del doble 7.4 y, en los primeros 26 días del año ya han ocurrido 120.

Trujillo fue sacudido por un acto terrorista el 20 de enero. Una potente explosión frente a la sede del Ministerio Público buscaba amedrentar a fiscales que investigan delitos de minería ilegal.

El ministro del Interior anunció las medidas gubernamentales: aumentar el número de efectivos policiales, más patrullajes y presencia de las Fuerzas Armadas, como si el problema pudiera reducirse a la cantidad de fuerzas del orden en la zona.

La presidenta Boluarte está fuera de la realidad y cuenta los días que le quedan en el cargo; el ministro del Interior actúa a ciegas, sin plan ni perspectiva; y el Congreso legisla en favor de la delincuencia buscando proteger a sus líderes implicados en actos delictivos.

La inseguridad expresa también el desgobierno actual porque su combate y erradicación necesitan un liderazgo basado en el ejemplo, la autoridad moral y la transparencia, pero, sobre todo, inteligencia.

Para enfrentar la delincuencia organizada, el sicariato, la extorsión, la minería ilegal y la corrupción desde el poder, se necesita una actuación planificada e inteligente, y poder desbaratar la actuación de las bandas criminales. Además, requiere la participación de la sociedad, mediante rondas urbanas, campesinas y comités vecinales. Es una tarea de todos.