Las diligencias realizadas por la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción en la sede de la ONPE deberían preocuparnos mucho más allá del inevitable ruido político que generan. No se trata únicamente de una investigación sobre presuntas contrataciones irregulares o de una disputa entre actores enfrentados por intereses electorales. Lo que está en juego es algo bastante más delicado: la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de custodiar la voluntad popular.
Si a esto le agregamos el pedido de los gremios empresariales que una entidad de prestigio internacional realice una auditoría en la ONPE antes de la proclamación oficial de la segunda vuelta, la situación es complicada para este organismo.
En democracia, las elecciones no solo deben ser limpias; también deben parecerlo. Esa diferencia, que a veces parece meramente simbólica, es en realidad fundamental. Porque cuando la sospecha comienza a instalarse en torno a los organismos electorales, el daño trasciende cualquier proceso específico y termina erosionando la legitimidad del sistema entero. Y en un país como el nuestro, donde la polarización política se ha convertido en combustible cotidiano, cualquier sombra sobre la transparencia electoral adquiere una gravedad mayor.
Por eso resulta indispensable que las investigaciones avancen con rigor, objetividad y absoluto respeto al debido proceso.
