El fiscal José Domingo Pérez no ha descartado que solicite prisión preventiva para Susana Villarán en el marco del inicio del juicio oral programado para setiembre y cuyo retraso ha generado todo tipo de críticas.

La figura de la prisión preventiva ha dejado de ser recurrente en el sistema de justicia peruano debido a un pleno casatorio que se realizó en 2019 y que determinó nuevos fundamentos para otorgarla en la medida que existía un uso abusivo e indiscriminado y que violaba derechos fundamentales. Pero los tiempos han cambiado. Muchos de esos procesos que estaban entonces en fases preliminares, se encuentran ya en etapas concluyentes y, ante ello, no hay reparos de los investigados para burlar la justicia a través de la fuga o el asilo.

Casos recientes como el de Nadine Heredia y su hermano, Ilán, o más antiguos como el de Vladimir Cerrón o Michael Urtecho, evidencian que hay una falencia grave en el sistema porque si bien no se pueden afectar derechos fundamentales, tampoco se puede permitir que la justicia se convierta en un circo mediático sin resultados. ¿Cuando los sentenciados evaden la ley, no existen plenos casatorios? ¿No le interesa a Janet Tello, titular del PJ, que el esfuerzo de los jueces termine en el vertedero de la impunidad? Es imprescindible asegurar que Villarán pagará y se debe evitar su fuga o asilo igual que antes se respetó su presunción de inocencia.

El caso de Martín Vizcarra también es un riesgo inminente. El “lagarto” no tendrá escrúpulos en largarse a Bolivia o a cualquier país al que pueda sorprender con sus embustes. Para un sujeto de esa calaña, todo vale. Si la democracia no debe ser boba, tampoco lo puede ser la justicia.